1.- Ante el interés en la creación de este mecanismo, suscitado en el sector empresarial iberoamericano y en algunos de los gobiernos de la región, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), en colaboración con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS), inició en 2009 la convocatoria de diversas reuniones entre el mundo de la abogacía, el sector empresarial y las Cámaras de Comercio.
Siempre bajo el impulso de SEGIB, se creó una Comisión de Seguimiento coordinada por la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), e integrada por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), la Confederacão Nacional da Industria (CNI) de Brasil, el Consejo Nacional de la Empresa Privada de Panamá (CONEP) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Uruguay (CNCS).
A la reunión de Montevideo de 2009, siguieron otras celebradas en México (2010) y Madrid (2011) en las que se continuó poniendo de manifiesto el consenso e interés de las organizaciones participantes en avanzar en la formulación de una propuesta de creación de un mecanismo específicamente iberoamericano de arbitraje internacional, a cuyos efectos, comenzaron las labores por parte de la Comisión de Seguimiento para redactar una propuesta de documento de Acuerdo Marco.
2.- Por su parte, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), como organismo internacional regional especializado en los temas del sector justicia, ha venido trabajando una línea en el ámbito de la seguridad jurídica que incluye iniciativas en el campo de la resolución de conflictos y el arbitraje. Dicha labor fue respaldada por los Ministros de Justicia y de Economía de los países del Cono Sur de la región.
En función de ello, la SEGIB promovió la sinergia entre las distintas iniciativas y, con el apoyo decidido de la COMJIB, se presentaron estos temas ante la reunión plenaria de Ministros de Justicia de Iberoamérica celebrada en la ciudad de México, los días 21 y 22 de octubre de 2010. En dicha reunión fueron respaldadas estas propuestas.
Toda esta labor y promoción desde la SEGIB, impulsada por los Colegios de Abogados (UIBA), las Cámaras Empresariales y la COMJIB, hicieron posible que se incorporara el tema en los debates de la XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, los días 3 y 4 de diciembre de 2010. Allí, los Presidentes de los países iberoamericanos decidieron:
“Solicitar a la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos (COMJIB) que desarrolle acciones para potenciar la mejora de la seguridad jurídica, así como la promoción de mecanismos de resolución de conflictos económicos y comerciales de carácter regional iberoamericano, en colaboración con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)”
(Apartado 43 de la Declaración Final de la Cumbre).
3.- Con el fin de dar continuidad a las labores encomendadas y de promover las acciones concretas para dar cumplimiento al Mandato recibido de la Cumbre Iberoamericana, se convocó en 2012, en el marco del XX Congreso de la UIBA, la III Reunión de la Comisión de Seguimiento, que, con la colaboración de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y la CONEP, se celebró el 25 de abril en la sede de la citada Cámara. En ella se revisó el texto del Acuerdo Marco propuesto y se acordó un texto definitivo. Asimismo, se decidió ampliar la Comisión de Seguimiento incorporando a otros 6 miembros (Cámara de Comercio de Guatemala, Cámara de Comercio de Nicaragua, Cámara de Comercio de Bogotá -esta última ad referéndum de la confirmación por su parte – finalmente sustituida por CAM Santiago-, Ordem dos Advogados de Brasil, Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y Colegio de Abogados de Costa Rica). De la misma forma, se acordó que la UIBA continuara con la labor de coordinación general de los trabajos y que la SEGIB y a la COMJIB siguieran apoyando esta iniciativa.
Por último, se decidió convocar a una reunión plenaria para la suscripción del Acuerdo Marco cuyo texto fue consensuado por parte de las instituciones privadas.