El 17 de noviembre, Javier Íscar, presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) participó en la III Jornada Internacional de Arbitraje de la Cámara de Caracas y de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales (Acienpol) junto a diferentes profesionales del sector ligados a instituciones y entidades arbitrales de la región.
Durante el evento se trataron en dos bloques la relación del arbitraje con la Administración Pública y el Poder Judicial, en general y, en concreto en España, Venezuela y México y la actualización de la Jurisprudencia internacional en materia de arbitraje entre 2021 y 2022.
En el bloque en el que intervino Javier Íscar, que explicó la situación actual de la «Relación del Arbitraje con la Administración Pública y el Poder Judicial en España», también participaron Rafael Badell, individuo de Número ACIENPOL y Árbitro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Caracas, que trató la «Intervención del Estado en la economía»; y Miguel Mónaco, profesor de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, que habló de la «Relación del Arbitraje con la Administración Pública en Venezuela».
También participaron en el evento: Arturo Pueblita, Árbitro CACC, José Ignacio Hernández, profesor de Derecho Administrativo y Constitucional, y Salvador Yannuzzi, Individuo de Número ACIENPOL y Árbitro CACC.
Relación del Arbitraje con la Administración Pública y el Poder Judicial en España
Javier Íscar habló de la relación del arbitraje con el control judicial en España, haciendo un breve resumen de la Ley y del funcionamiento del sector. En relación a las ventajas de una sede segura acotó tres epígrafes indispensables:
- que el país haya suscrito la Convención de Nueva York y por lo tanto acepte las reglas de juego de reconocimiento de laudos en otros países;
- que se tenga una ley de arbitraje moderna siguiendo a la ley de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL); y
- como tercer requisito la relación de los jueces con el arbitraje.
El presidente de CIAR se acercó en su ponencia a la situación del arbitraje en contratación pública en España y en relación con las funciones de control de la judicatura concluyó que la situación de Madrid y la totalidad de España gozan de un momento idóneo para desempeñarse como sede segura.