En la pasada Asamblea Extraordinaria, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, Comjib, propuso la creación, dentro de la estructura orgánica de CIAR, de la Comisión para la Promoción de la Seguridad Jurídica y las Relaciones con el Sector Justicia de Iberoamérica:
«En coherencia con el impulso dado por la COMJIB a la creación del CIAR como un mecanismo efectivo para administrar arbitrajes, conciliaciones y mediaciones internacionales, comerciales y de inversiones, que promueve la solución alterna de conflictos, disputas y controversias a nivel internacional considera que los mandatos emanados de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno así como de los Ministros de Justicia de la región, requieren en este momento de la concreción de una estrategia que potencie y fortalezca el proyecto del CIAR con una óptica de políticas públicas en el sector justicia iberoamericano.
De esta forma y con total sentido de responsabilidad la Secretaría General de la Comjib considera que, habiendo dado el refrendo de calidad y prestigio al proyecto CIAR, en aras de potenciarlo, es el momento oportuno y necesario de establecer una metodología de trabajo más operativa para promover permanentemente al CIAR como mecanismo de solución de conflictos y por tanto propone la creación de la Comisión de Promoción para la Seguridad Jurídica y las Relaciones con el Sector Justicia de Iberoamérica…»
La Comisión estará integrada por Arkel Benítez, secretario general de la Comjib, quien la preside, Javier Íscar, secretario general de CIAR, y dos representantes electos por la Asamblea.
La Comisión comprenderá las siguientes funciones:
- La promoción de la cláusula arbitral en el marco de la seguridad jurídica.
- La difusión social, jurídica e institucional de los laudos arbitrales del CIAR.
- El análisis, estudio, investigación y diseño de marcos regulatorios, modelos, propuestas de reforma, etc..
- El impulso de las relaciones institucionales con el sector justicia iberoamericano.
- La generación de indicadores de seguridad jurídica en Iberoamérica que fomenten la certeza jurídica y el desarrollo económico y social.
La propuesta fue aprobada por la Asamblea con la única modificación de aumentar a cuatro los representantes, dentro de dicha Comisión, electos por la Asamblea.
