Doctor en Derecho (Universidad de Paris II, 1996), LLM (Instituto Universitario Europeo – IUE- de Florencia, Italia, 1992), Nicolás Boeglin es profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica desde 2005 y consultor para diversas entidades nacionales, regionales e internacionales en distintos campos del derecho internacional.
En su entrevista para CIAR Global «Nicolás Boeglin: Una demanda ante Ciadi supone al Estado un gasto de 8M$» además de acercarnos, de manera crítica, al actual momento que vive el arbitraje de inversiones en el entorno latinoamericano habla de la opción propuesta por el Centro Iberoamericano de Arbitraje.
- El Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) pretende convertirse en un referente en la administración de arbitrajes entre partes iberoamericanas en la región, ¿cree que el hecho de promover una institución internacional de corte latinoamericano puede evitar suspicacias y ayudar a un mejor clima arbitral?
Es efectivamente una propuesta muy válida ante la peligrosa deriva experimentada por el Ciadi en los últimos decenios en materia de arbitraje de inversión.
Hay que encontrar un mecanismo regional latinoamericano que permita solventar las disputas entre Estado e inversionista extranjero a un costo mucho menor.
En la actualidad, según expertos costarricenses, una demanda ante el Ciadi supone para el Estado un gasto de 8 millones de US$, independientemente del resultado final. En el caso de la demanda de Pacific Rim interpuesta por una minera canadiense, luego incorporada a un consorcio australiano, El Salvador reconoció haber gastado 16 millones de US$ para defenderse. En el precitado caso de Crystallex, Venezuela reconoció haber gastado más de 14 millones de US$ para defenderse.
- ¿Cuál puede ser el papel del mundo académico para conseguir impulso y fortalecimiento del arbitraje iberoamericano?
Es necesario un debate inclusivo, que permita un amplio abanico de posiciones sobre el futuro del arbitraje de inversión en América Latina
El papel de los académicos y del debate público es de gran importancia.
Hay que tener claro que en muchos Estados, los decisores políticos están influenciados por sectores que no quieren cambiar el sistema en lo más mínimo.
La academia puede aportar su contribución para desvelar argumentos falaces, desvirtuar verdades que no lo son, y proporcionar un espacio para el debate público del que se adolece en muchos Estados. Este debate debe ser inclusivo, permitiendo un amplio abanico de posiciones sobre el futuro del arbitraje de inversión en América Latina.
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